Relaciones entre la responsabilidad patrimonial del Estado y el derecho a una buena administración pública.

Resumen

La responsabilidad patrimonial del Estado como parte del derecho administrativo ha ido desarrollándose en diversos países latinoamericanos, incluyendo a México. Así, nuestra Carta Magna contiene la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos por la ley; igualmente, establece la facultad para demandarle al Estado la indemnización correspondiente por los daños en los bienes o derechos de los particulares, ocasionados con motivo de su actividad administrativa irregular. Por otra parte, últimamente los mexicanos reclaman su derecho de intervenir en las decisiones de la administración pública, ya que no aceptan que los servidores públicos resuelvan sin consultar ni justificar sus acciones en asuntos de alto impacto para la población, exigiéndoles trasparentar sus actuaciones con el fin de distribuir y aplicar con legalidad y oportunidad los recursos públicos –humanos, financieros, materiales y tecnológicos- para contribuir óptimamente al derecho a una buena administración pública.